Suma tu firma al Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en el Ecuador. Una propuesta ciudadana, basada en evidencia, salud pública y justicia social. El plazo del CNE se agota.
El CNE otorgó una prórroga de 3 meses. Es la recta final: cada firma verificada acerca el proyecto al debate legislativo.
Sumar mi firmaNo es un debate ideológico. Es salud pública, seguridad y economía con datos sobre la mesa.
Mientras el cannabis siga en la ilegalidad, un mercado de $136,8 millones financia al crimen organizado. Regular corta esa fuente de dinero y libera a la policía para perseguir delitos violentos, no consumidores.
Miles de pacientes con epilepsia, cáncer o dolor crónico dependen de productos sin control de calidad. La ley garantiza acceso médico seguro, etiquetado y THC/CBD verificados en laboratorio.
El 27% de la población carcelaria está por drogas, en su mayoría por microtráfico y consumo. Regular descongestiona cárceles con 34% de hacinamiento y deja de criminalizar la pobreza.
Ecuador ya despenalizó el cáñamo y el cannabis medicinal en 2019, pero sin un marco completo. Esta ley cierra el vacío legal con un enfoque responsable, no comercial-salvaje.
Una Iniciativa Popular Normativa es un derecho constitucional: con las firmas, la ciudadanía obliga a que el proyecto se debata en la Asamblea.
El proyecto se registra oficialmente como Iniciativa Popular Normativa.
Voluntarios en 24 provincias empiezan a recoger respaldos ciudadanos.
Faltan 10.000 firmas verificadas para completar la meta legal. Este es el momento decisivo.
Con la meta cumplida, el proyecto pasa a debate legislativo formal.
Ciudadanía organizada en 24 provincias por una regulación con evidencia y dignidad.
Las preguntas más comunes sobre la propuesta y sobre qué significa firmar.
No. El proyecto regula: edad mínima, prohibición de publicidad, control de calidad y espacios definidos. Regular no es promover el consumo; es sacar un mercado de $136,8 millones de manos del narcotráfico y ponerlo bajo control del Estado y la salud pública. El modelo prohibicionista lleva décadas fracasando.
Es un mecanismo de la Constitución que permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley directamente a la Asamblea Nacional si reúne el 0,25% del registro electoral: alrededor de 35.000 firmas verificadas por el CNE. Ya llevamos 25.000.
Solo en parte. Desde diciembre de 2019 se despenalizó el cáñamo y el cannabis no psicoactivo (menos de 1% de THC), y en 2021 se reglamentó el uso terapéutico. Pero no existe marco integral para el uso adulto, el autocultivo, ni acceso pleno de pacientes. Esta ley cierra ese vacío.
No. Firmar solo respalda que el proyecto sea debatido en la Asamblea. Es un derecho democrático, confidencial y sin ninguna consecuencia legal, fiscal ni de registro para ti. Tus datos solo los verifica el CNE para validar la firma.
De fuentes públicas: datos penitenciarios (27% de presos por drogas), estudios de mercado del cannabis ilegal ($136,8M), proyecciones de la industria formal (30.000 empleos, USD 17M en 2025) y reportes de Forbes Ecuador, Primicias y Plan V. La política pública debe basarse en evidencia, no en prejuicios.
Es una red ciudadana autogestionada, sin fines de lucro ni padrinos corporativos. Se sostiene con aportes voluntarios y venta de productos oficiales (camisetas, gorras). El trabajo de recolección lo hacen voluntarios en las 24 provincias.
Tres minutos hoy pueden cambiar una política de drogas que lleva décadas fallando. Firma la Iniciativa Popular Normativa antes de que cierre el plazo del CNE.
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